Las autoridades panameñas mantienen detenidas a un total de 82 personas vinculadas a los disturbios, saqueos y manifestaciones que vivió el país durante la última semana, en medio de las protestas que exigían la derogación de la polémica Ley 72 que permitía vender las tierras de la Zona Libre de Colón (centro-norte).
A través de un comunicado, el Ministerio Público detalló que en la sede de la Fiscalía Auxiliar, en la Ciudad de Panamá, 34 ciudadanos recibieron medidas cautelares, nueve fueron liberados y solamente 31 permanecen detenidos.
En tanto, en la provincia de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, continúan detenidos 45 adultos y 6 menores, para un total de 51 personas, luego de ser liberados hasta 35 manifestantes. Igualmente, otros seis recibieron medidas cautelares y sobre 10 pesan órdenes de detención.
Adicionalmente, la Fiscalía Auxiliar tramita dos sumarios iniciales de oficio por presunto “abuso policial”, ocurrido los días 19 y 23 de octubre en Colón, en hechos relacionados a las protestas que dejaron tres muertos y numerosos heridos.
Las autoridades en Colón han registrado oficialmente 92 denuncias penales, de las cuales tres son por homicidio y el resto por diversos delitos. A este informe se le añade dos por faltas administrativas y 16 denuncias interpuestas por empresas.
Respecto a los hurtos durante los saqueos de algunos negocios, la Fiscalía precisó que se recuperaron 241 artículos y se devolvieron otros 118.
El informe agrega que, en términos generales, 70 locales fueron objeto de vandalismo, 51 personas resultaron heridas durante los disturbios, 18 por perdigones y 33 por arma de fuego. Además, 20 policías fueron heridos, 11 de ellos con arma de fuego y nueve con objetos contundentes.
El presidente Ricardo Martinelli reconoció que fue "un error" aprobar la Ley sin el debido consenso popular, luego que las protestas dejaran también millonarias pérdidas económicas al país y afectaciones a su imagen internacional.
El Mandatario firmó este lunes el proyecto 541 que deroga la Ley 72, que permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón a empresas privadas, y que generó una semana de protestas.
teleSUR-EFE-PL-Telemetro/MARL
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